UN PROTOCOLO COMÚN PARA LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL MERCOSUR

¿Qué piensas sobre el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur? Descubre los elementos clave para comprender de qué se trata esta nueva regulación.

Con el objeto de promover el desarrollo sustentable, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron abrir sus mercados a empresas extranjeras (de los países pertenecientes al bloque) para las compras públicas. El protocolo se firmó el 21 de diciembre del 2017 y fue iniciativa del Ministerio de Producción de Argentina.

¿Qué impacto tendrá esta decisión? Las empresas ampliarán significativamente sus oportunidades de venta y, considerando que las compras asumidas por los Estados constituyen alrededor del 15% de su PBI, esto redundará en un beneficio para toda la población. 

La transparencia es el eje transversal del tratado, que, complementariamente, se sostiene en los principios de igualdad, imparcialidad, legalidad, publicidad, entre otros. En la actualidad, todos estos principios son básicos y forman parte de un espacio jurídico que trasciende las fronteras nacionales. 

En el artículo 21, sobre el sistema de informaciones, se evidencia claramente esta voluntad. La regla dispone que cada uno de los países deberá recabar estadísticas y publicar un informe anual sobre los contratos adjudicados. Lo mismo sucede en el artículo 26 en el cual, respecto de la publicidad de los resultados de las licitaciones, se fija que todos los proveedores y prestadores deberán tener acceso a “toda la información relativa al procedimiento de contratación y, en especial, a los fundamentos de la adjudicación y de las características relativas de la oferta ganadora”. 

Otro aspecto interesante de la normativa es el que se pronuncia en su artículo 4, sobre el trato de nación más favorecida. Al respecto, establece que “cada Estado Parte otorgará inmediata e incondicionalmente a los bienes y servicios y obras públicas y a los proveedores y prestadores de cualquier otro Estado Parte un trato no menos favorable de aquel que conceda a los bienes y servicios y obras públicas y a los proveedores y prestadores de cualquier otro Estado Parte o de terceros países.”

Y en tanto al trato nacional, los Estados se comprometieron a otorgar a los bienes, servicios y obras públicas y a los proveedores y prestadores extranjeros un trato igual de favorable que a los suyos. Esto incluye la no discriminación en la calificación de los oferentes.

Ingresa al Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur y descúbrelo en su totalidad. Y entonces dinos, ¿qué piensas?

 

CONOCE LAS METAS PARA PROMOVER SOCIEDADES MÁS JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Según el Objetivo del Desarrollo Sustentable 16 de Naciones Unidas se prevé la adopción de políticas públicas para todos los gobiernos directamente relacionadas con el derecho administrativo a escala global ( fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ )

En efecto según el Informe del Secretario General realizado en el año 2017 denominado “Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” se contemplan problemas propios del derecho administrativo, entre ellos:
1.- Los reglamentos y procedimientos opacos, engorrosos e ineficientes alimentan las oportunidades para que funcionarios corruptos exijan sobornos o pagos extraoficiales. En 2015, más del 18% de las empresas de todo el mundo informaron haber recibido al menos una solicitud de pago de soborno. Este porcentaje de empresas en países de ingresos bajos y medios ascendía al 25%, en comparación con el 4% en países de ingresos altos.
2.- A fin de proporcionar una base firme para el desarrollo, los presupuestos gubernamentales deben ser integrales, transparentes y realistas. Si bien el gasto en casi 2 de cada 3 países no superó el 10% del presupuesto nacional original, en más de 1 de cada 7 países se desvió en al menos un 15%. Sin embargo, la fiabilidad presupuestaria ha mejorado con el tiempo, pues alrededor de 8 de cada 10 países de Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico mostraron mejoras.
2.- La legislación que exige la libertad de información ha aumentado constantemente, pero sigue siendo preocupante la lentitud o ineficacia de la aplicación de esas leyes. Más de 110 países han aprobado leyes y políticas sobre la libertad de información. Sin embargo, las evaluaciones de expertos indican que 47 de esos países no cuentan con disposiciones jurídicas claras para las excepciones a ese derecho, mientras que otros 47 países carecen de disposiciones suficientes para la educación pública.

Para ello se fijaron una serie de metas en el ODS 16 que tienen un vínculo directo con el derecho administrativo, como son:
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Capacítate en Derecho Administrativo y adquiere conceptos, principios e instrumentos de práctica jurídica que serán de gran utilidad para comprender y apropiarse de estas nuevas tendencias internacionales. Conoce nuestro programa