CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN

¿Qué es la corrupción? La organización Transparencia Internacional la define así: el abuso del poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad. ¿Te resulta conocido? Reflexionemos cada una de sus partes.

El abuso de poder es una práctica común en nuestros días pero para nada nueva. Numerosos son los casos de la historia en los que el aprovechamiento desmedido de la mayor jerarquía derivara en todo tipo de flagelos. Hay registros de tiranos desde la Grecia arcaica hasta nuestros días. En un intento por explicar su surgimiento, los académicos han argumentado que la aparición del comercio intercomunitario –y su consecuente nueva forma de acumular riquezas –ha sido de suma importancia.

Por otro lado, el perjuicio de la corrupción es incalculable. ¿Crees que existe alguna relación entre las inundaciones que sufrió Pakistán en el 2011 y la corrupción? Claro que sí y contarte la historia de Kareem puede ser muy útil para defender nuestra afirmación. En medio del desastre, el gobierno pakistaní implementó un plan de asistencia para las personas que más lo necesitaran que consistía en la asignación de una tarjeta de débito con el total de 200 dólares. Kareem, quien había perdido absolutamente todos sus bienes, calificó para la obtención del subsidio pero cuando se dirigió a las oficinas correspondientes a retirarlo se encontró con que alguien, antes que él, había tomado su paga. En ese tiempo, Transparencia Internacional recogió más de 50 denuncias de casos similares al de Kareem.

Según el Banco Mundial y el FMI, la corrupción es nada más y nada menos que uno de los más grandes obstáculos para el desarrollo a los que se enfrentan los países. Esta última entidad sostiene que el 2% del Producto Bruto Interno de un país se pierde con la corrupción. Solo en Colombia, las desviaciones implican 50 billones de pesos anuales.

El Índice de Percepción de la Corrupción del 2017 arrojó datos escalofriantes. A partir de una escala del 0 al 100 –en la que 0 representa “altamente corrupto” y 100 “muy limpio” –, el análisis de los 180 países que participan de la evaluación tuvo como resultado un promedio de 43 puntos. En América Latina –a excepción de Uruguay, Chile y la Guayana Francesa –, los países presentan un indicador menor a 50: Venezuela tiene 18 puntos, Haití 22, Nicaragua 26, Guatemala 28 y Paraguay, México y República Dominicana tienen 29. El Índice de Percepción de la Corrupción es elaborado por Transparencia Internacional con la intención de brindar una aproximación del nivel de aprehensión que tienen expertos y empresas sobre la corrupción de un determinado lugar.

Conocer este tipo de datos nos pone en una encrucijada: ¿dejaremos que la corrupción quede impune? ¿qué medidas pueden tomarse al respecto?

Ya es conocido por varios de nuestros estudiantes el caso de Fernando Villavicencio, periodista ecuatoriano víctima de persecuciones por parte del gobierno de su país por denunciar los casos de corrupción más grandes en la historia de Ecuador. Allanamientos ilícitos, exilio y prisión fueron algunas de las consecuencias que tuvo su denuncia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor y, de todas maneras, las medidas tomadas por el gobierno en contra de Villavicencio persistieron. Y, como él, muchos periodistas y otros actores de la sociedad civil arriesgan su vida todos los días para exponer esta clase de delitos. Porque vale la pena ponerle un freno, cualquiera sea, a la corrupción. Si no… ¿cuál será el límite?

LOS DERECHOS LABORALES SON DERECHOS HUMANOS

El octavo de los objetivos de desarrollo sostenible es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. ¿Cómo nos aventuramos hacia esa meta?

Cuando sales a trabajar por la mañana, hay muchas cosas de las que en general estás desentendido. Sin embargo, Anderson Rodrigo Reis estaba haciendo su trabajo de siempre cuando estuvo a punto de perder su vida. Se encontraba adentro de un depósito de granos para descargar un camión, actividad riesgosa pero a la que estaba habituado después de tres años dedicado a la tarea. De pronto, un compañero activó la máquina que permitía el traspaso de los granos del silo al automotor y el suelo que pisaba Anderson comenzó a desmoronarse bajo sus pies.

El pasado 30 de agosto, la BBC News publicó una investigación inédita sobre las muertes en depósitos de granos en Brasil. Es que en 2017, los trabajadores que perecieron alcanzaron un total de 24, registrando el número más alto en diez años. Anderson fue de los  pocos afortunados que pudo sobrevivir para contar su historia: para ello tuvo que mantenerse cinco horas en puntas de pie, con los granos de soja presionando todo su cuerpo hasta el mentón, hasta que los bomberos lograron rescatarlo.

Los derechos laborales son derechos humanos y bajo ese precepto deben juzgarse las prácticas laborales que violentan la vida de las personas, o simplemente su seguridad psico-física. Por ejemplo, ¿sabías que desde 1987 el Ministerio de Salud de Japón reconoce que el karoshi es una realidad? Se trata de la muerte por exceso de trabajo, que solo en 2015 se cobró 2310 vidas en el país asiático. Derrames cerebrales y ataques cardíacos son las causas de fallecimiento más frecuentes de las víctimas del karoshi, quienes han trabajado más de 100 horas extras en un mes.

En este sentido, según la Organización Mundial del Trabajo el año, 2017 concluyó con más del 40% de los trabajadores empleados en condiciones de vulnerabilidad. Este porcentaje se traduce en 1400 millones de personas y se cree que podría incrementarse en 35 millones más para el 2019.

Por otro lado, en el amplio espectro que comprende el mundo laboral, una problemática más se inserta: el número de personas que están en búsqueda de trabajo y no obtienen respuestas cada vez es mayor. Los estudios de la OIT revelan que en 2018 el índice de desempleados en todo el mundo es de 192 millones de personas. La relación que existe entre esta cifra y las observaciones hechas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es directa: se estima que entre 2016 y 2030 será necesario crear 470 millones de empleos para absorber a la totalidad de potenciales participantes del mercado laboral.

Los cambios de las prácticas laborales son otro de los desafíos que nos presenta la actualidad. Entre los fenómenos que destaca la OIT, la migración de los trabajadores de la agricultura y la industria al sector de servicios es uno de los más influyentes. Por eso, en su Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa afirma que los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y no discriminación son esenciales para un desarrollo y una eficacia sostenibles en materia económica y social.

Lo cierto es que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y esta afirmación es nada más y nada menos que el inciso primero del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para terminar, ¿sabías que desde el 1 de enero de 2017, las empresas francesas de más de 50 trabajadores deben regular los horarios de conexión digital de sus empleados? Esto significa que no pueden intentar localizarlos en la virtualidad fuera de los momentos acordados previamente. La conquista del derecho a la desconexión digital es el gran reto de nuestro tiempo. ¿Qué piensas al respecto?

¿EXISTE UN LÍMITE PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Ya hemos hablado de la Libertad de Expresión en otra nota de nuestro blog: aquella en la que te invitamos a pensar este derecho como un derecho social. Pero hoy queremos analizar este tema desde una óptica novedosa: ¿qué sucede con la Libertad de Expresión en los tiempos de Internet?

Bradley Manning -hoy, Chelsea -tenía 22 años cuando fue detenido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en 2010. Su condena de 35 años de cárcel fue la mayor de su tipo impuesta en su país. ¿El crimen? Manning fue el protagonista de la mayor filtración de información clasificada del gobierno norteamericano.

Dentro del cuerpo de soldados del Ejército de Estados Unidos, Manning se desempeñaba como analista de espionaje y tenía acceso a distintas bases de datos cargadas de información secreta.  Mientras hacía creer a sus compañeros que escuchaba Lady Gaga, copiaba en el CD que llevaba el nombre de la artista los archivos más polémicos a los que se enfrentaba en su ejercicio profesional diario.

Las filtraciones de Manning se hicieron a través de la página Wikileaks, convirtiéndose en una de las más mediáticas publicaciones de esta plataforma. Entre los documentos, figuraba el “Asesinato Colateral” –tal fue el título bajo el cual lo presentó Wikileaks –en el que podía verse en una serie de videos un ataque de helicópteros en Bagdad ocurrido en 2007 y que tuvo como consecuencia la muerte de 12 civiles. Un fotógrafo y un periodista de la agencia de noticias Reuters estuvieron entre las víctimas. El hermano de uno de ellos dijo a The Washington Post: “Lo que hizo este soldado es justicia descubriendo un crimen contra la humanidad”.

Sin embargo, Manning fue denunciado ante el Pentágono por Adrian Lamo, un hacker quien alardeó su hazaña, y condenado a prisión.

Uno de los argumentos de la fiscalía contra Manning fue la malintención que implicaba el haber compartido los archivos con Wikileaks. Según buscaron demostrar, la plataforma online no tendría como propósito final el actuar de servicio público, cumpliendo la tarea de informar a las personas, sino de instigar para poder obtener información secreta y atacar a los poderosos.

Sin embargo, las publicaciones de Wikileaks molestan al poder pero ponen en advertencia a todos los ciudadanos. Por ejemplo, una de sus últimas filtraciones, Vault 7, dio a conocer que cualquier dispositivo electrónico es susceptible de ser coaptado por la CIA para el espionaje de los ciudadanos.

Casi ningún producto se salvó de esta generalidad: tanto los teléfonos móviles de Apple, Android y Microsoft como los Smart TV de Samsung, los iPads, módems para la conexión a internet, entre otros dispositivos, todos figuraron en la lista de control informático de la CIA.  Las redes sociales también formaron parte de esta polémica. Cualquier punto de acceso a internet es conocido por la CIA.

¿Qué sucede con la libertad de expresión en este caso? Muchos sostienen que queda totalmente vulnerada ante tal denuncia, ya que el pensarse uno mismo espiado por otros puede conducirlo a la autocensura, otra de las formas de coartar el derecho a manifestarse sin trabas.

Manning salió de prisión en el 2017, tras una intervención del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, bajo la argumentación de que su pena había sido desmedida. ¿Nuestra Libertad de Expresión tiene límites? ¿Qué nos dice esta historia?

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DERECHO SOCIAL

¿Desde qué óptica concibes el derecho a la libertad de expresión? En esta nota, te proponemos descubrirlo en su faceta social.

En marzo de este año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo falló a favor de dos ciudadanos independentistas catalanes que quemaron una foto de los reyes Juan Carlos y Sofía. Su tesis central fue la defensa de la libertad de expresión. El hecho ocurrió en 2007, en una plaza pública y en el marco de una manifestación autorizada. Las consecuencias para sus protagonistas fueron una pena de 15 meses en la cárcel y una fianza de 2700 euros.

Al contrario de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional español en 2015 -que consideraba el acto como un delito de incitación a la violencia y al odio-, el TEDH argumentó que juzgar la quema de fotos desde este paradigma y no desde la óptica de la libertad de expresión podría perjudicar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no puede concebirse una democracia real.

¿Habías considerado que la libertad de expresión es un derecho social porque sostiene la democracia?

La lucha por el derecho a la libertad de expresión se inscribe en la historia de las sociedades desde hace mucho tiempo. Quizás sus registros más conocidos son los que lo remiten a la Revolución Francesa (1789), cuando estaba asociado directamente al  ideal revolucionario de libertad, igualdad y fraternidad. Desde entonces, la libertad de expresión se cuenta entre las principales conquistas de la humanidad y se incluye en una primera generación de derechos fundamentales que reúne una diversidad de derechos civiles y políticos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 lo concibe también de esta manera. En su artículo 19 lo define como el derecho de todo individuo a “no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Es interesante detenerse en las primeras palabras que emplea este documento para referirse al tema: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”… y más puntualmente: “todo individuo”. Por supuesto que la libertad de expresión es un derecho del que debemos gozar individualmente. Pero… ¿por qué no dotarlo, al mismo tiempo, de un carácter social y entenderlo, entonces, como un pilar fundamental de toda sociedad democrática?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva de 1985 sobre la colegiación obligatoria de periodistas, lo planteó de esta manera:

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre.  La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.”

Una concepción un poco más amplia, ¿verdad?

Otro aspecto que resalta la cara más social de la libertad de expresión es su estrecha relación con la libertad de prensa. Es real que muchas veces la actividad de los medios de comunicación está bañada de intereses y conveniencias políticas y económicas. Pero lo cierto es que su misión intrínseca y principal es poner al alcance de los ciudadanos toda la información de la actualidad para asegurar su protagonismo dentro de la democracia. Porque los medios son, ante todo, un servicio público.

Por esa razón, se considera que una de las formas más comunes de restricción a la libertad de expresión es con amenazas y agresiones directas e indirectas a periodistas. De hecho, según el Informe 2016 de la CIDH, América Latina es uno de los continentes más peligrosos para el ejercicio del periodismo. En ese año, se registraron ante dicho organismo 33 asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. El homicidio de periodistas constituye la mayor violación del derecho a la Libertad de Expresión y sus repercusiones incluyen la autocensura por parte de otros profesionales que, por supuesto, no quieren correr la misma suerte.

Y tú, desde tu lugar, ¿cómo eliges concebir tu derecho a expresarte libremente?

Pensar el derecho a la libertad de expresión desde una perspectiva social nos permite ahondar más y mejor en sus implicancias y entonces comprender por qué, más de diez años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habló fuerte y claro para defender una manifestación popular que, durante mucho tiempo, fue considerada contraria a la ley.

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ALGUNAS IDEAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El acceso a la información pública es un derecho que todos los países democráticos deberían considerar pero que o bien no se encuentra regulado o, ya promovida la ley, no se apoya con acciones que lo hagan efectivo. Latinoamérica: un ejemplo en la materia.

Según el Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA), una legislación para el acceso a la información pública debe sustentarse en, al menos, veinte principios básicos. Entre ellos, se destaca, en primer lugar, la responsabilidad del Estado para asegurar su aplicación efectiva.

¿Qué implica esto? El diseño de planes de capacitación para la ciudadanía y los funcionarios  públicos, de manera tal que todos reconozcan ese derecho y tengan las herramientas para hacer uso del mismo. Por otro lado, es clave presuponer buena fe por parte del solicitante. El Estado está obligado a proporcionar la información que se le pide, sin embargo, debe asumir que esos datos no serán usados con intenciones que pongan en peligro la democracia.

Otro punto esencial es la promoción de una cultura de apertura y transparencia. Es importante que en torno a dicha ley comience a gestarse una conciencia cívica que haga uso de la legislación con responsabilidad. El trabajo debe comenzar en las escuelas, donde se eduque en esta materia a los niños y jóvenes que más tarde serán los ciudadanos que dirijan y protejan el país.

América Latina: ejemplo de la UNESCO en legislación para el acceso a la información pública

En 1985, Colombia sancionó una ley para acceder a la información pública. Si bien la normativa presentaba varios defectos estructurales, se convirtió en la primera en garantizar ese derecho en América Latina. A partir de entonces, la mayoría de los países de esa región ha elaborado su propia ley de acceso a información pública y hoy UNESCO los presenta como un ejemplo para el resto de los países del mundo.

Los casos más paradigmáticos son los de Chile, Brasil y México, donde la presión ejercida por periodistas y activistas logró la sanción de leyes de acceso a la información. Pero la historia no termina allí: según atestiguan las estadísticas, las leyes son usadas diariamente por una multitud de personas que incluye desde profesionales de la comunicación hasta abogados corporativos, investigadores académicos y ciudadanos comunes.

En México, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue adoptada en el 2002 y fortalecida en el 2007 por una reforma constitucional. Según investigadores, el éxito de la legislación reside en que su  promoción surgió en el seno de la sociedad civil, desde un fuerte movimiento social del que formaban parte grupos de diversos orígenes e ideologías.

Mientras tanto, Bolivia, Cuba, Costa Rica y Venezuela siguen sin sancionar una ley que permita a todos los ciudadanos acceder a los datos del Estado. Bolivia tiene entre las cuentas pendientes de su Legislatura nacional, una multitud de proyectos en pos de este fin. La Asociación de Periodistas de La Paz (APLA), políticos y hasta ciudadanos particulares han presentado sus iniciativas, aún sin obtener una respuesta definitiva.

 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU ACCESO DESIGUAL

El acceso a la educación superior se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, muchas personas siguen sin tener la posibilidad de educarse incluso en niveles más básicos. La desigualdad social se experimenta fuertemente en este ámbito.

El derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales y, prósperamente, cada vez son más las personas que tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. Los números son esperanzadores: en 53 años, la Tasa Bruta de Matrícula aumentó en 185 millones.

No obstante el notable y valioso incremento, las diferencias que se presentan en la tasación de las distintas regiones del globo dan cuenta de una profunda desigualdad social. Por ejemplo, América del Norte y Europa Occidental superan el 75% de la tasa de matrícula, mientras que en Asia el porcentaje no alcanza el 30% y en África Subsahariana el total de personas matriculadas en el nivel superior, solo es del 8%.

La pobreza, el desempleo, la discriminación por motivos de género, religión, etnia o clase social, son algunos de los factores que inciden en la posibilidad de acceso a las carreras terciarias o universitarias. Por otro lado, la inversión pública en educación constituye uno de los aspectos centrales para la promoción y garantía de este derecho.

América Latina y el Caribe, por su parte, presentan un 44% de tasa de matrícula y, en general, la tendencia mundial de aumento de los números, también se ha manifestado en los países de esta región. Argentina es el país latinoamericano con más porcentaje de estudiantes universitarios matriculados, sosteniendo un 80% de tasa de matrícula. Lo siguen Chile y Venezuela, con el 79% y 78% respectivamente. Honduras se encuentra entre los que menos porcentaje presenta, con solo el 21%.

La desigualdad social en materia económica es la principal causa de la brecha en el acceso a la educación superior en los países latinoamericanos. Cuando solo el 15% de las personas de bajos recursos comienza sus estudios universitarios, más del 50% de los integrantes de clases sociales más altas acceden a este nivel.

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